Tp180810PrensaRN
TRANSPARENCIA
POLÍTICA
Por Erwin Macario* erwinmacario@hotmail.com
Defensa periodística
En justicia habría que meditar hasta
dónde llega la responsabilidad del
periodista y hasta dónde empieza
la de nuestros gobiernos. José
Pagés Llergo 100966/Discurso en
la Universidad Veracruzana
Los periodistas ni somos ciudadanos de excepción ante las leyes ni exigimos más que lo que el Estado debe garantizar, salvaguardar, ser responsable: la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Esto no se cumple cuando los periodistas son amedrentados, desaparecidos, asesinados.
Esta preocupación desesperada hizo que la seguridad de los colegas fuera el tema central de las pasadas Jornadas Periodísticas, organizada por la Fapermex, en las que se entregó el Premio México de Periodismo 2010 a colegas de varias entidades federativas, entre ellos a este matutino, Rumbo Nuevo, por ser el decano del diarismo en Tabasco.
En la conclusión final de estos trabajos no sólo se exigió el cese la impunidad en las agresiones a comunicadores, sino que el evento permitió la entrega del primer Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situaciones de Alto Riesgo y se exigió una Ley de Seguridad Social que garantice el acceso de éstos y sus familias a los beneficios que en este rubro consagra nuestra constitución política.
Si bien el recuento de las bajas en las filas periodísticas motiva nuevamente la exigencia de un alto a la agresión y a la impunidad contra los comunicadores, las jornadas permitieron, también, recordar el papel que los medios y los periodistas deben jugar en la sociedad.
Un discurso, llevado por nuestro paisano y colega comunicador Enrique Muñoz, sirvió de base para esta reflexión. Fue un documento al que dio lectura, en septiembre de 1966, ante egresados de la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana, —junto con la Carlos Septién y la de la UNAM, las tres pioneras de la profesionalización del gremio— el periodista tabasqueño más importante de la segunda mitad del siglo pasado, José Pagés Llergo, director de la otrora mejor revista del país, Siempre!
En esta entrega, empero, es la seguridad del periodista el tema.
El protocolo propuesto por periodistas de Chihuahua, que la compañera Martha Osorio Broca propuso enriquecer en cada entidad federativa, es una respuesta de los informadores, una defensa para resolver, en parte, lo que se llamó “autismo de las autoridades”. También esto merece otros textos.
En Tabasco se debe, también, seguir el ejemplo de Aguascalientes. Ahí el diputado Alberto Solís Farías, del grupo parlamentario del PRI, propuso el 5 de noviembre del año pasado, iniciativa de reforma a la legislación penal estatal con el objeto de proteger la libertad de prensa y en el dictamen emitido el pasado 24 de junio “se comenta que el objetivo esencial de la iniciativa consiste en establecer como homicidio doloso calificado cuando la víctima sea un periodista y la conducta en su contra sea provocada por o con motivo del ejercicio de sus funciones”, según explicó el colega Joaquín Chávez Pérez, vicepresidente de Cronistas Deportivos de Aguascalientes A.C., que dio a conocer esta actitud responsable del poder.
Los priístas hidrocálidos afirman en el documento acerca del ejercicio de la libertad de expresión que “este derecho es individual y colectivo, ya que no sólo cuentan con él las personas para emitir o recibir informaciones, sino que la sociedad aporta información, una pluralidad de ideas, además, y de una manera coyuntural, garantía individual a veces puede ser un mecanismo eficaz para la exigencia de otras prerrogativas”.
“En este sentido —defienden— una parte fundamental del llamado derecho a la libre expresión de las ideas, la constituyen los medios de comunicación como el vehículo fundamental para la manifestación de aquellas”.
Y concluyen “Sin embargo lejos de considerar un derecho pleno, en México debemos preocuparnos por el estado actual de la libertad de expresión en relación con los medios de comunicación. Por todo lo anterior, los legisladores del PRI, proponemos modificar la legislación penal para el estado de Aguascalientes, a fin de castigar a aquellos que mediante hechos ilícitos coarten el derecho de los periodistas a informar, calificando como grave esta clase de asesinatos”.
LADO CLARO
Ojalá lean esta columna los diputados José Dolores Espinosa May, Lorena Beaurregard, Elda María Llergo, Carlos M. de la Cruz Alcudia y Juan José Peralta Fócil.
TRANSPARENCIA
POLÍTICA
Por Erwin Macario* erwinmacario@hotmail.com
Defensa periodística
En justicia habría que meditar hasta
dónde llega la responsabilidad del
periodista y hasta dónde empieza
la de nuestros gobiernos. José
Pagés Llergo 100966/Discurso en
la Universidad Veracruzana
Los periodistas ni somos ciudadanos de excepción ante las leyes ni exigimos más que lo que el Estado debe garantizar, salvaguardar, ser responsable: la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Esto no se cumple cuando los periodistas son amedrentados, desaparecidos, asesinados.
Esta preocupación desesperada hizo que la seguridad de los colegas fuera el tema central de las pasadas Jornadas Periodísticas, organizada por la Fapermex, en las que se entregó el Premio México de Periodismo 2010 a colegas de varias entidades federativas, entre ellos a este matutino, Rumbo Nuevo, por ser el decano del diarismo en Tabasco.
En la conclusión final de estos trabajos no sólo se exigió el cese la impunidad en las agresiones a comunicadores, sino que el evento permitió la entrega del primer Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situaciones de Alto Riesgo y se exigió una Ley de Seguridad Social que garantice el acceso de éstos y sus familias a los beneficios que en este rubro consagra nuestra constitución política.
Si bien el recuento de las bajas en las filas periodísticas motiva nuevamente la exigencia de un alto a la agresión y a la impunidad contra los comunicadores, las jornadas permitieron, también, recordar el papel que los medios y los periodistas deben jugar en la sociedad.
Un discurso, llevado por nuestro paisano y colega comunicador Enrique Muñoz, sirvió de base para esta reflexión. Fue un documento al que dio lectura, en septiembre de 1966, ante egresados de la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana, —junto con la Carlos Septién y la de la UNAM, las tres pioneras de la profesionalización del gremio— el periodista tabasqueño más importante de la segunda mitad del siglo pasado, José Pagés Llergo, director de la otrora mejor revista del país, Siempre!
En esta entrega, empero, es la seguridad del periodista el tema.
El protocolo propuesto por periodistas de Chihuahua, que la compañera Martha Osorio Broca propuso enriquecer en cada entidad federativa, es una respuesta de los informadores, una defensa para resolver, en parte, lo que se llamó “autismo de las autoridades”. También esto merece otros textos.
En Tabasco se debe, también, seguir el ejemplo de Aguascalientes. Ahí el diputado Alberto Solís Farías, del grupo parlamentario del PRI, propuso el 5 de noviembre del año pasado, iniciativa de reforma a la legislación penal estatal con el objeto de proteger la libertad de prensa y en el dictamen emitido el pasado 24 de junio “se comenta que el objetivo esencial de la iniciativa consiste en establecer como homicidio doloso calificado cuando la víctima sea un periodista y la conducta en su contra sea provocada por o con motivo del ejercicio de sus funciones”, según explicó el colega Joaquín Chávez Pérez, vicepresidente de Cronistas Deportivos de Aguascalientes A.C., que dio a conocer esta actitud responsable del poder.
Los priístas hidrocálidos afirman en el documento acerca del ejercicio de la libertad de expresión que “este derecho es individual y colectivo, ya que no sólo cuentan con él las personas para emitir o recibir informaciones, sino que la sociedad aporta información, una pluralidad de ideas, además, y de una manera coyuntural, garantía individual a veces puede ser un mecanismo eficaz para la exigencia de otras prerrogativas”.
“En este sentido —defienden— una parte fundamental del llamado derecho a la libre expresión de las ideas, la constituyen los medios de comunicación como el vehículo fundamental para la manifestación de aquellas”.
Y concluyen “Sin embargo lejos de considerar un derecho pleno, en México debemos preocuparnos por el estado actual de la libertad de expresión en relación con los medios de comunicación. Por todo lo anterior, los legisladores del PRI, proponemos modificar la legislación penal para el estado de Aguascalientes, a fin de castigar a aquellos que mediante hechos ilícitos coarten el derecho de los periodistas a informar, calificando como grave esta clase de asesinatos”.
LADO CLARO
Ojalá lean esta columna los diputados José Dolores Espinosa May, Lorena Beaurregard, Elda María Llergo, Carlos M. de la Cruz Alcudia y Juan José Peralta Fócil.
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