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TRANSPARENCIA
POLÍTICA
Por Erwin Macario* erwinmacario@hotmail.com
¡Qué escándalo!, dijo Frijolón
TRANSPARENCIA
POLÍTICA
Por Erwin Macario* erwinmacario@hotmail.com
¡Qué escándalo!, dijo Frijolón
Cuide el Ordinario de promover el procedimiento
judicial o administrativo para imponer o declarar
penas, sólo cuando haya visto que la corrección fraterna,
la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral no
bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia
y conseguir la enmienda del reo. Canon 1341
Hasta la profesora Elba Esther Gordillo ha metido su bocaza en el escándalo de las adopciones gays, mientras el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez asume el papel de inquisidor y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard el de reo.
Dos bandos aparecen en equivocada defensa de la libertad de expresión y del estado laico, a raíz de la decisión de la otrora respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de que los “matrimonios” gays puedan adoptar niños.Por ambos lados se desgarran las vestiduras y el pecado mayor lo comete el alto prelado católico que desobedece la regla del perdón y acude a palabras, no de pastor sino de arriero, no sólo en contra del aspirante perredista a la Presidencia de la República sino contra la misma Corte y los beneficiarios de la resolución, hombres y mujeres con preferencias sexuales diferentes a la mayoría del pueblo mexicano.Dice doña Elba –que no es una enemiga común, como bien lo sabe nuestro paisano Roberto Madrazo— que las expresiones del cardenal “merecen la censura de los ciudadanos y, en su caso, la sanción por las autoridades correspondientes”, según desplegado a una plana, con la firma de los dirigentes en todo el país del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una forma de colgar el sambenito de intolerante (lo que no es falso) a una iglesia que, en lo oculto, es aliada del actual régimen de derecha.Realmente el asunto de la protección familiar, y en especial de los niños —a los que sin adopción legal han maltratado gente como el padre Maciel, sin que la iglesia mostrara tanto enojo— ha pasado a segundo término ante la enconada defensa que por un lado hace el clero de la libertad de expresión y, por el otro, los políticos y sectores de la sociedad civil defendiendo el estado laico.En sendos desplegados, también aparecidos ayer en la prensa capitalina, decenas de organismos encabezados por la Academia Morelense de Derechos Humanos, del lado del César; y por la Academia de Juristas de México, otras decenas a favor de la iglesia, se enfrentan las dos posiciones que pretenden ser la voz de este país, más preocupado por la inseguridad y el hambre que por una decisión equivocada del más alto tribunal de justicia en México, pues en la gran mayoría de los casos significará doble castigo para los infantes: el llegar al mundo como seres no deseados, abandonados por sus padres, y ser colocados en ambientes en los que, es lo más probable, adquirirán un ejemplo que los hará individuos que tal vez no lo serían en otros hogares, incluso en los mismos hospicios.Las voces en apoyo de las sotanas exigen el respeto a la libertad de expresión, el derecho que el cardenal tiene de insultar desde la cómoda situación de la iglesia, no únicamente al jefe capitalino sino a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y argumentan que “los niños nacen de la unión de un hombre y una mujer, (y) su sano desarrollo está ligado íntimamente en su origen natural (a) la unión libre de una pareja formada por un hombre y una mujer”.Piden que se reforme la Constitución “para que defina claramente que el origen de la familia es la unión de un hombre y una mujer”. Y acusan que la SCJN emitió su falló “en contra de la mayoría del pueblo”.La actitud contraria pregunta, en el otro desplegado —ambos a media plana— “¿Desde cuándo la calumnia es un derecho de la libre expresión?”.Según este desplegado “más allá de la vulgaridad de sus palabras, lo expresado por el arzobispo de Guadalajara es un ataque a nuestras instituciones de impartición de justicia y de gobierno y una grave ofensa a la honorabilidad de quienes las componen y encabezan, Es, también, un ataque a la laicidad del Estado” y exhortan a la Secretaría de Gobernación a que defienda el principio laico de nuestras instituciones. Piden más ambos lados. Queda para otra entrega.
Dos bandos aparecen en equivocada defensa de la libertad de expresión y del estado laico, a raíz de la decisión de la otrora respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de que los “matrimonios” gays puedan adoptar niños.Por ambos lados se desgarran las vestiduras y el pecado mayor lo comete el alto prelado católico que desobedece la regla del perdón y acude a palabras, no de pastor sino de arriero, no sólo en contra del aspirante perredista a la Presidencia de la República sino contra la misma Corte y los beneficiarios de la resolución, hombres y mujeres con preferencias sexuales diferentes a la mayoría del pueblo mexicano.Dice doña Elba –que no es una enemiga común, como bien lo sabe nuestro paisano Roberto Madrazo— que las expresiones del cardenal “merecen la censura de los ciudadanos y, en su caso, la sanción por las autoridades correspondientes”, según desplegado a una plana, con la firma de los dirigentes en todo el país del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una forma de colgar el sambenito de intolerante (lo que no es falso) a una iglesia que, en lo oculto, es aliada del actual régimen de derecha.Realmente el asunto de la protección familiar, y en especial de los niños —a los que sin adopción legal han maltratado gente como el padre Maciel, sin que la iglesia mostrara tanto enojo— ha pasado a segundo término ante la enconada defensa que por un lado hace el clero de la libertad de expresión y, por el otro, los políticos y sectores de la sociedad civil defendiendo el estado laico.En sendos desplegados, también aparecidos ayer en la prensa capitalina, decenas de organismos encabezados por la Academia Morelense de Derechos Humanos, del lado del César; y por la Academia de Juristas de México, otras decenas a favor de la iglesia, se enfrentan las dos posiciones que pretenden ser la voz de este país, más preocupado por la inseguridad y el hambre que por una decisión equivocada del más alto tribunal de justicia en México, pues en la gran mayoría de los casos significará doble castigo para los infantes: el llegar al mundo como seres no deseados, abandonados por sus padres, y ser colocados en ambientes en los que, es lo más probable, adquirirán un ejemplo que los hará individuos que tal vez no lo serían en otros hogares, incluso en los mismos hospicios.Las voces en apoyo de las sotanas exigen el respeto a la libertad de expresión, el derecho que el cardenal tiene de insultar desde la cómoda situación de la iglesia, no únicamente al jefe capitalino sino a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y argumentan que “los niños nacen de la unión de un hombre y una mujer, (y) su sano desarrollo está ligado íntimamente en su origen natural (a) la unión libre de una pareja formada por un hombre y una mujer”.Piden que se reforme la Constitución “para que defina claramente que el origen de la familia es la unión de un hombre y una mujer”. Y acusan que la SCJN emitió su falló “en contra de la mayoría del pueblo”.La actitud contraria pregunta, en el otro desplegado —ambos a media plana— “¿Desde cuándo la calumnia es un derecho de la libre expresión?”.Según este desplegado “más allá de la vulgaridad de sus palabras, lo expresado por el arzobispo de Guadalajara es un ataque a nuestras instituciones de impartición de justicia y de gobierno y una grave ofensa a la honorabilidad de quienes las componen y encabezan, Es, también, un ataque a la laicidad del Estado” y exhortan a la Secretaría de Gobernación a que defienda el principio laico de nuestras instituciones. Piden más ambos lados. Queda para otra entrega.
LADO OSCURO Día de desplegados ayer. Evaristo Hernández Cruz se pone el parche antes del grano y en media plana, también en prensa capitalina, busca salvar su cuenta pública con un balance general y estado de resultados de sus finanzas como presidente que fue del municipio de Centro, entre lo que destaca que dejó predial pendiente por cobrar de casi 200 millones de pesos.
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